El nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador, hizo publico que se buscará una reforma para que la utilización de recursos públicos con fines políticos sea considerado como un delito grave, junto a actos de cohecho en la administración pública.
Así como también, el robo de hidrocarburos (gasolina y diésel); la emisión o tráfico de facturas apócrifas o falsas; el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; compra de voto; utilización del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos; falsificación de boletas; falsificación de actas electorales y la corrupción.
Lo que se busca con esto, es ampliar el catalogo de delitos graves que se encuentran en el artículo 19 de la Constitución Federal, ya que de esta manera toda aquella persona que se encuentre sujeta a un proceso penal de manera formal por un delito grave, no podrá llevar el juicio en libertad. Esto es, si una persona está siendo procesada por un delito grave (imputado), deberá estar en prisión en lo que se resuelve si es culpable o no.
