El 23 de abril de 2024, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen significativo que modifica la Ley de Amnistía, confiriendo al Presidente la capacidad de otorgar amnistías directamente a presos sin la necesidad de obtener la aprobación de la Fiscalía General de la República o de un juez. Esta modificación legal otorga al mandatario del país una facultad exclusiva y directa para conceder amnistías a individuos procesados o condenados por cualquier delito que, a juicio de la presidencia, lo amerite.
Esta reforma permite al presidente conmutar penas y procesos penales indiscriminadamente, sin considerar la gravedad de los delitos involucrados. Esta medida fue aprobada la semana pasada en el Senado por Morena y sus aliados, siguiendo una petición directa del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el texto propuesto ha sido criticado por no ser una iniciativa seria que represente un mecanismo extraordinario de verdad y justicia, sino más bien como una estrategia que podría ser percibida como arbitraria y alejada de prácticas internacionales comparables.
De hecho, la reforma propuesta se aplica de manera inmediata, sin prever tiempo alguno para desarrollar un marco institucional adecuado: el artículo transitorio establece que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Esta prisa en implementar cambios tan fundamentales ha levantado preocupaciones sobre la preparación adecuada y la consideración de las implicancias a largo plazo de tales enmiendas.
Además, la propuesta parece contravenir los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha desarrollado, a lo largo de más de treinta años de jurisprudencia, un cuerpo normativo respecto a las amnistías y la prohibición de utilizar tal figura para encubrir violaciones graves de derechos humanos. Al permitir amnistías por cualquier tipo de delito, la modificación podría ser vista como un retroceso en la protección y promoción de los derechos humanos en el contexto internacional, contradiciendo décadas de esfuerzos para asegurar la justicia y la rendición de cuentas en casos de graves transgresiones.
